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El COVID-19 es un tsunami económico para los latinos

  ·  Sylvia Puente

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Los datos no dejan lugar a dudas: Las comunidades de color de Illinois se han visto afectadas de manera desproporcionada por el COVID-19. La pandemia ha asestado un golpe devastador especialmente a la comunidad latina. En la actualidad, los latinos suman el mayor número de casos reportados, así como el porcentaje mayor de resultados positivos en las pruebas realizadas. 

Sólo hace falta observar los números relativos al empleo para entender cómo hemos llegado a esta situación. Sólo el 16 por ciento de los latinos puede trabajar desde casa, la tasa más baja de entre todos los grupos étnicos y raciales. Esto supone un grave riesgo para todos aquellos que no pueden teletrabajar.

Uno de los posibles escenarios es que la mayoría de los latinos siguen acudiendo diariamente a su puesto de trabajo, arriesgando así su salud y la de sus familias. El 69 por ciento de los hogares latinos en Illinois son multigeneracionales, y en muchos casos viven en condiciones hacinadas, lo que aumenta el riesgo de contagiarse—incluido el mayor grupo de riesgo: las personas mayores.

El otro escenario es que muchos latinos han perdido su trabajo. Según el Economic Policy Institute, los latinos están sobrerrepresentados en negocios que han cerrado sus puertas en el transcurso de esta crisis, como la hostelería y la restauración.

Para los latinos de Illinois, el perjuicio económico que han sufrido de manera desproporcionada, sumado al trágico peaje físico que están pagando, es una crisis dentro de otra crisis. Está dañando al conjunto del estado.

Antes de la crisis, los latinos ya eran económicamente vulnerables: el 60 por ciento de los trabajadores latinos ingresaba menos de $15 la hora, lo que les sitúa con el porcentaje más alto de entre todos los grupos étnicos y raciales. Una encuesta nacional reciente revela que uno de cada tres hogares latinos cuenta con menos de $100 de ahorros, y la mitad de estos, menos de $500.

Al mismo tiempo, los latinos lideran el crecimiento del mercado laboral en Illinois y tienen un peso económico mayor al que les corresponde por porcentaje sobre el conjunto de la población. Son la minoría con mayores cifras de consumo en el estado de Illinois, con más de 63 mil millones de dólares en 2019.

Y aún con todo, a muchos latinos se les está denegando los cheques de estímulo federales. Según la ley CARES, las parejas que realizan la declaración de la renta de manera conjunta deben disponer de un número de la Seguridad Social válido, o tanto ellos como sus hijos no podrán optar a estos cheques.

Sabemos que, en Illinois, aproximadamente 200.000 hogares tienen un familiar indocumentado. Si una familia de cuatro miembros recibiría $3.400 procedentes del fondo de estímulo—$1.200 para cada uno de los adultos y $500 por cada niño—eso significa que las familias con un miembro indocumentado están dejando de percibir casi $700 millones. A pesar de pagar sus impuestos, el Gobierno les está denegando esos fondos. En 2017, los residentes indocumentados de Illinois contribuyeron en más de $758 millones en impuestos estatales y locales.

Según el Migration Policy Institute, el 71 por ciento de la población indocumentada de Illinois es latina. Aproximadamente, el 17 por ciento de los latinos en Illinois está indocumentado.

A medida que el mundo lucha contra esta crisis, muchos latinos e inmigrantes de Illinois se encuentran desempleados e inelegibles para recibir tanto fondos de ayuda como prestaciones por desempleo. Algunos no pueden ni tan siquiera mantener a sus familias.

Las consecuencias de este tsunami económico trascenderán a estas comunidades, dada su contribución a la economía de Illinois; su ruina es la ruina del estado.

Conforme el Gobierno, las entidades filantrópicas, los negocios, el sector sanitario, los centros de educación superior y otras instituciones con poder económico idean estrategias de ayuda financiera, no podemos ignorada esta realidad. La inclusión de todos los ilinoisianos es fundamental para la recuperación y el interés económico del estado.

Sylvia Puente es la directora ejecutiva del Latino Policy Forum.

 

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